Joaquín Sabina perdió su batalla contra Hacienda, pues el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el cantautor contra una sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón a la Agencia Tributaria en 2022.
Tras ser notificado, el artista debe pagar un total de 2.5 millones de euros (más de 46 millones de pesos) por el IRPF de tres años (2008, 2009 y 2010) en concepto de derechos de autor, gestionados por una serie de empresas de las que Sabina era administrador o socio.
Aunque Sabina negó su vinculación a dichas compañías, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró el argumento como “inverosímil”, decretando que el pago de impuestos por parte del cantante era inferior al que correspondía, por tanto, Hacienda decretó incrementarle la base imponible del IRPF.
De acuerdo con medios internacionales, los magistrados ni siquiera valoraron a profundidad la petición, pues consideraron que las cuestiones planteadas por Sabina ya habían sido resueltas previamente en la jurisprudencia del tribunal. Además, cabe señalar que contra esta última decisión no podrá presentarse un nuevo recurso.
Durante los tres años que abarcó la inspección, las tres sociedades relacionadas con Sabina y sus familiares gestionaban los derechos de autor y parte del patrimonio del famoso, generando más de 12 millones de euros en derechos de explotación, lo cual implicaba un pago de IRPF superior al abonado entre 2008 y 2010.
De esta forma, Joaquín Sabina recibió el último revés a su intento de enmendar la sentencia de la Audiencia Nacional que en junio de 2022 dio la razón a la Agencia Tributaria frente al recurso judicial de Sabina, que ya había requerido sin éxito por vía administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).